La Iglesia de la Paz, una iglesia protestante de Sumgait, al norte de Bakú (capital de Azerbaiyán), presentó en abril una solicitud de registro al Comité Estatal para el Trabajo con Organizaciones Religiosas. Cinco meses después, la iglesia avisó de que el Comité Estatal se negaba a dar una respuesta a su solicitud de registro.
Los funcionarios del Comité Estatal no han señalado ningún problema o deficiencia en la solicitud de registro de la iglesia. «Simplemente nos dijeron que no podíamos celebrar más reuniones, que estaba prohibido celebrar cualquier acto religioso sin estar registrados. Nos dijeron: “Si no hacéis caso de esta advertencia y celebráis una actividad religiosa, seréis castigados”».
Los funcionarios advirtieron al pastor: «Estáis celebrando reuniones secretas y reuniendo a gente». El líder de esta iglesia se defendió alegando lo siguiente: «Nuestras reuniones siempre se han celebrado de forma abierta y transparente».
«Se nos está impidiendo ejercer nuestro derecho constitucional a celebrar nuestro culto pacíficamente y a profesar nuestra fe», señala la iglesia. «La falta de claridad y el período de espera indefinido ejercen una presión excesiva sobre nuestra iglesia y pueden violar nuestros derechos».
Los funcionarios de la sucursal del Comité Estatal en Sumgait no respondieron al teléfono ninguna de las veces que la organización Forum 18 les contactó.
La Iglesia de Sumgait señala que el Comité Estatal ya no registra ninguna iglesia. «Hay iglesias que llevan años esperando su registro en el Comité Estatal. Lo más probable es que lo que nos ha pasado a nosotros les pase también a ellas». Esta es una de las al menos cinco iglesias protestantes que se sabe que han presentado solicitudes de registro al Comité Estatal, según ha declarado a Forum 18 el abogado y defensor de los derechos humanos Murad Aliyev. «Algunas de ellas llevan más de dos años esperando», señala.
El Comité Estatal suele dejar sin respuesta formal las solicitudes de las comunidades que no le gustan, sin aceptarlas ni rechazarlas. «Esto dificulta que dichas comunidades puedan impugnar esta situación ante los tribunales, ya que no tienen ninguna respuesta que impugnar», explicó el abogado Aliyev a Forum 18.